Según el último
informe ‘Constitución y familia. Un principio fallido’, elaborado
por el Centro de Estudios, Formación y Análisis
Social (CEU-CEFAS), en diversas cuestiones clave el Estado no protege a las
familias, contraviniendo lo que establece al respecto la Constitución de 1978
(“CE-78”), y la familia en España es ahora mucho más débil que lo tradicional
en nuestro país con anterioridad a la etapa constituyente de 1977-1978. Lo es con
relación a su formación (muy baja nupcialidad) y a su estabilidad (muy alta
divorcialidad). Y, sobre todo, y muy ligado a lo anterior, lo es en relación
con algo letal para la sociedad si no se corrige: la baja tasa de fecundidad. Todo
ello, además, lleva a un gran empobrecimiento afectivo y altas tasas de soledad
en la infancia (por falta de hermanos, y muchas veces de uno de los
progenitores en el hogar, generalmente el padre), y en la edad adulta y la
vejez (por más y más gente que no convive con una pareja estable y/o no tiene
hijos).
Como se recoge en el
estudio, los datos sobre el divorcio en España desde que es legal no son
precisamente la historia de un éxito en los últimos 45 años en la protección de
la familia -un mandato constitucional-, sino todo lo contrario. La tasa de “fragilidad matrimonial”
(número de divorcios por cada cien bodas) ha superado el 60% en 13 de los
últimos 18 años. Con las
pautas de ruptura conyugal que hay, al menos 50% de los matrimonios se
acabarían separando. De ellos, un tercio se separa antes de los 20 años de
casados y la quinta parte, en los primeros 10 años.
Desde comienzos de los
años 80 se han roto unos tres millones de matrimonios legales. Fruto de ello,
de 3,5 a 4 millones de niños y jóvenes han sido afectados directamente por la
separación de sus padres. El divorcio empobrece a los hijos no emancipados en
lo económico y produce daños afectivos, con riesgo incrementado de necesitar
tratamiento mental-emocional, así como de posibles perjuicios en el campo
educativo-formativo, y por ende, en su futuro éxito profesional y nivel de vida
como adultos. Además, al menos 1,5 millones de adultos casados se divorciaron
contra su voluntad.
Aún más importante
para la sostenibilidad futura de la sociedad y el bienestar afectivo de los
españoles, y muy ligado a la caída de la nupcialidad y la alta divorcialidad,
es que el número medio de hijos por mujer ha
caído en más de un 50% desde 1976,
cuando comenzó la Transición entre el franquismo y la democracia. Desde 1981,
la fecundidad en España, medida en hijos por mujer, es inferior a 2,1, el
llamado nivel de reemplazo, que asegura que haya relevo generacional. Entre
1979 y 2022, su valor medio fue de 1,40, lo que implica que cada nueva generación de españoles es un
tercio menos numerosa que la anterior.
Peor todavía, desde hace varios años es inferior a 1,2 hijos por mujer, lo que
entraña que cada nueva generación de españoles será en torno un 45% menos
numerosa que la anterior.
La sociedad española
está envejeciendo de manera acelerada por falta de niños y savia joven. Desde
hace más de diez años, en España el número de nacimientos es menor que el de
defunciones, y por un margen creciente, de más de 100.000 al año en total en la
actualidad, y de unos 200.000 para los españoles autóctonos. En la primavera de
2024 se ha llegado a una pérdida acumulada de 1,5 millones de españoles
autóctonos desde 2012, por más fallecimientos de personas nacidas en España que
nacimientos de bebés con madres nacidas en España, una merma tan preocupante
como desconocida por los españoles.
Grandes desprotecciones económicas a las familias
Las familias y su
patrimonio sufren una presión fiscal efectiva que duplica la previa a la CE-78,
incluyendo impuestos confiscatorios, en gran parte por claros despilfarros,
ineficiencias e inequidades regionales en el gasto público. De 1978 a 2023 ha
habido un paro medio del 17% -y el desempleo juvenil, muy superior-, muchísimo
más que antes de la CE-78. En relación a la renta media disponible, comprar una
vivienda es mucho más costoso que hace 45 – 50 años. La deuda pública actual,
resultado de sucesivos déficits fiscales, hipoteca a cada familia con más de un
año completo de su renta. En 1976, apenas había deuda pública.
A mediados de los años
70, en promedio, los españoles pagaban, entre impuestos directos e indirectos
de todo tipo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, un 20% o poco
más, en total, de lo que ganaban. Ahora, acaban pagando de media del 40% al
45%, incluyendo impuestos a su patrimonio acumulado después de pagar impuestos
por las rentas obtenidas para poderlo acrecentar, de forma inmediata cada año o
bien al fallecer e ir a disponer de ese patrimonio sus legítimos herederos. Y
una parte de los impuestos que se pagan llegan a lo confiscatorio -como
gravarse ganancias patrimoniales aparentes, aunque la inflación entre la
adquisición de un activo y el momento de su venta supere su revalorización
nominal, o el caso de personas que pagan en impuestos más del 50% de lo que
ganan-, pese a ser algo prohibido por la propia Constitución. Y hay claras -e
inconstitucionales- inequidades interregionales en prestaciones-impuestos: el
cupo fiscal al Estado del País Vasco y Navarra es bajísimo, lo que permite
gastar allí mucho más en prestaciones y servicios públicos por habitante.
Mucho se ha incumplido
la Constitución en materia de vivienda y de suelo, con grave perjuicio para las
clases populares y los jóvenes en edad de emancipación del hogar paterno. En
las últimas décadas se han hecho en España grandes fortunas por promotores
inmobiliarios que compraron suelo barato no urbanizable en zonas urbanas,
posteriormente recalificado por el ayuntamiento de turno como apto para la
construcción de viviendas u otros usos. La otra cara de esa moneda ha sido el
encarecimiento que la recalificación selectiva de suelo ha entrañado para el
comprador de vivienda. De forma correlativa, en España se ha tendido a
construir mucha menos vivienda protegida, una de las grandes claves del acceso
masivo a la vivienda en propiedad de los españoles de clase media-baja y baja
en los 60 y 70. En 1978, en torno al 40% de los españoles residía en una
vivienda de protección oficial construida en los 35 años previos, porcentaje
que superaría ampliamente entonces el 50% entre la mitad menos pudiente de la
población. Finalmente, en los últimos años las cosas han empeorado por aflujo
masivo de inmigrantes con necesidades de vivienda, la negligencia / tolerancia
oficial ante la “ocupación de viviendas”, y la vuelta reciente a la
sobreprotección legal de los inquilinos morosos, así como de los impagadores de
préstamos para adquisición de viviendas que moren en ellas.
El resultado de todo lo
anterior ha sido y es una mayor dificultad de acceso a la vivienda, y en
especial para los jóvenes y las familias de clases media-baja y baja. Y, por
ende, más dificultad para la emancipación de los jóvenes del hogar paterno, que
se ha retrasado en media desde los 25 años a mediados de los 70, a unos 30 años
en la actualidad, con un efecto negativo en la tasa de fecundidad.
Mejora de la esperanza de vida
En materia de sanidad,
que tanto valor tiene para las personas concretas y sus familias, en líneas
generales, y sin entrar a analizar la eficiencia en el gasto público en este
punto, el artículo 43 de la Constitución sobre protección de la salud se ha
cumplido hasta ahora satisfactoriamente. España ya había convergido en
esperanza de vida con la Europa rica en 1975-1976, partiendo de bastante menos
en 1900. En los últimos 45 años, España se ha situado en cabeza de la UE en
esperanza de vida, que ha crecido en todo el mundo en general, pero más aquí
que en el grueso de países desarrollados. ¿Seguirá mejorando como hasta ahora?
Últimamente hay muchas quejas de congestión en el sistema sanitario –no solo el
público, también en parte el privado–, a lo que contribuirían de forma muy
relevante el envejecimiento de la población y la llegada masiva de inmigrantes.