La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL),
mayoritaria en el nuevo Consejo de la Guardia Civil, ha suscrito esta mañana un
acuerdo con la Universidad, que tiene como finalidad la
elaboración de un informe jurídico sobre el impacto directo que tendrán los
cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana para la labor diaria que llevan a cabo
los guardias civiles. El catedrático de Derecho Penal, Carlos Pérez del Valle
liderará el grupo de trabajo al que se sumarán expertos en Derecho Procesal y
en Derecho Constitucional, y contará también con las aportaciones de la secretaria
Jurídica de JUCIL, junto con los informes que han desarrollado los despachos de
abogados con los que trabaja directamente la Asociación.
JUCIL
agradece que la Universidad haya expresado su deseo de colaborar
en la ejecución de este trabajo de investigación jurídica y que las
conclusiones sirvan de referente a los miembros de la Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados, a quienes se hará llegar el contenido final. Este
documento permitirá además crear estados de opinión con una mayor objetividad,
centrados en la labor diaria de los guardias civiles en sus tareas y misiones
concretas, sobre todo las que tienen lugar en el ámbito rural y en la
denominada España Vacía, que es precisamente el espacio en el que cumplen su
trabajo en defensa y cuidado de los derechos y de las libertades ciudadanas una
buena parte de los integrantes de la Guardia Civil.
Estudio exhaustivo,
jurídico y transparente de las enmiendas
“Esta búsqueda del conocimiento representa la alianza entre
la experiencia de los profesionales de la seguridad con el consolidado saber de
juristas de reconocido prestigio, capaces de arrojar luz desde una posición
serena, objetiva y rigurosa", resume el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, tras la firma de
este convenio académico.
Para Carlos
Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal, “la finalidad del estudio es
alcanzar las bases de una comprensión de la Ley de Seguridad Ciudadana que
permita salvaguardar la posición de las fuerzas de seguridad como garantes de
los derechos de la sociedad". Sin embargo, señala: "esto implica también la consideración de las
condiciones de seguridad en las que los ciudadanos pueden ejercer este derecho”. Asimismo, Pérez del Valle ha precisado que "una propuesta jurídicamente sólida no tiene por qué colisionar con las
necesidades técnicas de las fuerzas de seguridad para ejercer su función
esencial en ese sentido".